PRINCIPIOS
DE DERECHO DE AUTOR EN INTERNET
ANÁLISIS
DEL COMUNICADO DE ONU SOBRE LIBRE EXPRESION EN INTERNET.
A
lo largo de este trabajo intentaré insertar el concepto legal de
Derecho de Autor en Internet y la falencia que nuestra ley de
propiedad intelectual tiene al respecto, bajo los fallos que nuestros
jueces emitieron sin observar los aspectos técnico, legales y la
doctrina que los organismos internacionales emiten. Aun bajo estas
circunstancias nuestros jueces están encerrados en teorías antiguas
y que nada tienen que ver sobre la protección de Derechos de Autor o
de cualquier otra índole.
Hace
unos meses estoy estudiando el fallo Taringa y la Ley Sinde, claro
que sin dejar de lado la doctrina internacional y la poca doctrina
nacional, con una Ley tan antigua como desactualizada, en el marco
tecnológico que hoy nos toca vivir.
En
la clase que brinde, nos quedó claro como es que funcionan la
páginas de enlaces y que estaban contemplando los tribunales
argentinos al respecto, como es que ganan dinero esas páginas y que
no contamos con una doctrina especifica al respecto, salvo casos muy
contados como ser los libros de Pablo Palazzi y si bien contamos con
casos de jurisprudencia en materia de daños y perjuicios en
Internet, la gran mayoría se refieren a los casos de delitos
informáticos de otro tipo, como ser: acceso ilegitimo, fraude,
invasión a la privacidad, etc. todos ellos con la misma temática,
el único culpable es quien no controla el contenido de la
publicación sin observar como se produce dicho contenido, así
tenemos los fallos contra Google que en un primer momento se lo culpa
por el contenido que derivan sus búsquedas y no por quien publica
dicho contenido. Mismo caso tenemos con Yahoo, son casi nulos los
fallos donde se culpa a un determinado usuario por publicar tal o
cual cosa, que en definitiva es el remedio de la cuestión. Hasta la
aparición, y con buen tino, del fallo Halabi, donde se expone que
tanto los datos de contenido como los de tráfico son propiedad
exclusiva de la esfera privada del usuario, la derogación del
decreto 1,563 por parte de Néstor Kirchner, llevó adelante la
cuestión de cuando es un dato valedero como prueba de un delito y
cuando es violación a la intimidad de las personas, si bien quedó
muy claro este concepto, empresas como Facebook están recibiendo
demandas por no “borrar” contenido y seguir almacenando datos de
los usuarios cuando estos no desean continuar con dicho servicio de
redes sociales, es simple ver los fallos de tribunales extranjeros
(por lo general alemanes) sobre estas cuestiones. Por esto es que nos
vemos casi obligados a leer, con el debido detenimiento, el
comunicado de la ONU en referencia a la libertad de expresión y
dejando un pequeño rastro oculto a dar por finalizada la vieja
teoría que refleja nuestra ley de propiedad intelectual.
Habiendo
realizado un pequeño análisis de la situación que estamos
planteando, nos abocaremos de lleno al análisis del comunicado:
En
una primera parte nos dicen:
Los
relatores establecen que la libertad de expresión debe ser aplicada
a Internet del mismo modo que al resto de medios de comunicación. En
ese sentido, cualquier restricción que se imponga debe cumplir con
los estándares internacionales vigentes, como estar expresamente
fijada por la ley, perseguir una finalidad
legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias
para alcanzar dicha finalidad.
Acciones
como el bloqueo obligatorio de sitios Web constituye una acción
extrema que solo podría ser justificada conforme a estándares
internacionales, como proteger del abuso sexual a menores de edad.
También son acciones incompatibles con la libertad de expresión los
sistemas de filtrado de contenido que no pueden ser controlados por
los usuarios, impuestos por gobiernos o proveedores comerciales.
Los
intermediarios de servicios de Internet, de acuerdo con la
declaración, no deberán ser responsables por los contenidos
generados por terceros y tampoco se les deberá exigir controlar el
contenido generado por los usuarios. Solo serán responsables cuando
omiten la exclusión de un contenido, en cumplimiento de una orden
judicial legítima, proferida de conformidad con el debido proceso, y
siempre que tengan la capacidad técnica para llevarlo a cabo. A los
intermediarios se les debe exigir ser transparentes acerca de las
prácticas en la gestión del tráfico o la información y no aplicar
ningún tipo de discriminación en el tratamiento de los datos o el
tráfico.
En
cuanto a las responsabilidades penales y civiles, la declaración
señala que la competencia para resolver conflictos originados por
contenidos en la red debería corresponder a los Estados que tengan
más cercanía con la causa. Además, los particulares que se sientan
afectados por un contenido difundido en la red solo deberían poder
iniciar acciones judiciales en la jurisdicción donde demuestren
haber sufrido un perjuicio sustancial.
Finalmente,
los relatores recomiendan a los Estados adoptar planes de acción
detallados para cumplir con el deber de garantizar el acceso
universal a Internet, especialmente para los sectores excluidos como
las personas pobres, con discapacidad, o que habitan en zonas rurales
alejadas
Donde
nos deja en claro y de una forma amplia, como tiene que ser la
adecuación de la doctrina, ley y jurisprudencia (entendida como
todos los fallos judiciales en esta materia), orientada a la libertad
de expresión, es decir sin una censura previa. Y no solamente esto
nos explica el primer párrafo, sino que también las publicidades
insertadas de forma obligatoria por parte de los proveedores de
servicio son de carácter de “bloqueo obligatorio” de la página
de inicio que el usuario quiera predeterminar, por lo tanto empresas
como Speedy nos están violando nuestra privacidad con sus
publicidades obligatorias. Pero esto no es una cuestión que estoy
analizando y quedara para un futuro.
Que
es un Intermediario de servicio de Internet?. Son empresas que su
labor es conectar mediante servidores a usuarios con el servicio de
red Internet, pero este concepto no es el correcto para la ONU sino
por el contrario, se toma a páginas que brindan la interconexión a
otros sitios de la red (como por ejemplo Taringa), con lo cual una
censura previa de la información es delito, tanto en tratados
internacionales como en la legislación nacional, pero este concepto
quedo relegado por nuestros tribunales, en mi humilde opinión, un
error de los jueces al no saber que están diciendo, y no por mala
voluntad, sino por mala información que les fue suministrada para
emitir sus sentencias.
Por
lo tanto queda por fuera dicho fallo, teniendo en cuenta que la gran
mayoría de las páginas poseen un moderador o un gestor de
denuncias, con lo cual están eximidos de control judicial por
cumplir con los requisitos que este comunicado plantea. Y nuestra ley
de Derechos de Autor es tan antigua que estos puntos son tan
impensados que sitios como Taringa se ven envueltos en asuntos que
son claros damnificados por nuestro sistema legal.
En
cuanto a la competencia nos parece lógico que por el momento las
responsabilidades corran por una cuestión territorial, dado que
hasta no haber un instrumento entre todos los Estados participantes
de Internet, y con los conflictos que ellos acarrea, es una salida
más que interesante a la hora de resolver estas cuestiones,
solamente encontramos el problema que existe en que una persona
extranjera realice un daño sobre otra persona en nuestro país, por
ejemplo una persona que se encuentra en Asia y comete un delito
informático en nuestro país, si bien podremos iniciar acciones
judiciales en nuestro país, se me es muy complicado ver que a una
persona la extraditen para ser juzgada en Argentina u otro país,
este es un paso muy grande para que el conflicto de competencia sea
la creación de instrumentos internacionales de colaboración (como
el convenio de Budapest), pero en atención a los países
latinoamericanos con una legislación interna acorde en cada país,
para luego poder realizar adecuaciones por bloques.
La
última parte nos indica que Argentina esta por la senda correcta con
programas como Conectar Igualdad.
Continuemos
con el comunicado.
Mecanismos
internacionales para la promoción de la libertad de expresión
DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INTERNET
El
Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de
Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los
Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la
Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de
Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y
Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos
y de los Pueblos (CADHP).
Habiendo
analizado estas cuestiones
conjuntamente con la colaboración de ARTÍCULO
19, Campaña Mundial para la Libertad de Expresión (ARTICLE
19, Global Campaign for Free Expression) y el Centro
para la Libertad y la Democracia (Centre
for Law and Democracy);
Recordando
y reafirmando nuestras Declaraciones
Conjuntas del 26 de noviembre de 1999, el 30 de noviembre de 2000, el
20 de noviembre de 2001, el 10 de diciembre de 2002, el 18 de
diciembre de 2003, el 6 de diciembre de 2004, el 21 de diciembre de
2005, el 19 de diciembre de 2006, el 12 de diciembre de 2007, el 10
de diciembre de 2008, el 15 de mayo de 2009 y el 3 de febrero de
2010;
Enfatizando,
una vez más, la importancia fundamental de la libertad de expresión
—incluidos los principios de independencia y diversidad— tanto en
sí misma como en cuanto herramienta esencial para la defensa de
todos los demás derechos, como elemento fundamental de la democracia
y para el avance de los objetivos de desarrollo;
Destacando
el carácter transformador de Internet,
como medio que permite que miles de millones de personas en todo el
mundo expresen sus opiniones, a la vez que incrementa
significativamente su capacidad de acceder a información y fomenta
el pluralismo y la divulgación de información;
Atentos
al potencial de Internet para promover
la realización de otros derechos y la participación pública, asó
como para facilitar el acceso a bienes y servicios;
Celebrando
el notable crecimiento del acceso a
Internet en casi todos los países y regiones del mundo, y observando
a la vez que miles de millones de personas aún no tienen acceso a
Internet o cuentan con formas de acceso de menor calidad;
Advirtiendo
que algunos gobiernos han actuado o
adoptado medidas con el objeto específico de restringir
indebidamente la libertad de expresión en Internet, en contravención
al derecho internacional;
Reconociendo
que el ejercicio de la libertad de
expresión puede estar sujeto a aquellas restricciones limitadas que
estén establecidas en la ley y que resulten necesarias, por ejemplo,
para la prevención del delito y la protección de los derechos
fundamentales de terceros, incluyendo menores, pero recordando que
tales restricciones deben ser equilibradas y cumplir con las normas
internacionales sobre el derecho a la libertad de expresión;
Preocupados
porque, aun cuando se realicen de buena fe, muchas
de las iniciativas de los gobiernos en respuesta a la necesidad antes
mencionada no toman en cuenta las características especiales de
Internet y, como resultado, restringen de manera indebida la libertad
de expresión;
Considerando
los mecanismos del enfoque multisectorial del Foro
para la Gobernanza de Internet de la ONU;
Conscientes
del amplio espectro de actores que participan como intermediarios de
Internet —y brindan servicios como acceso e interconexión a
Internet, transmisión, procesamiento y encaminamiento del tráfico
en Internet, alojamiento de material publicado por terceros y acceso
a este, referencia a contenidos o búsqueda de materiales en
Internet, transacciones financieras y facilitación de redes
sociales— y de los intentos de algunos Estados de responsabilizar a
estos actores por contenidos nocivos o ilícitos;
De
forma acertada nos brindan una detallada información de los Derechos
y garantías que quieren y deben ser protegidas por la ONU y en
consecuencia por cada Estado Parte, en carácter del cual nos vemos
inmersos y debemos cumplir. Destacando que países como Irán han
intentado limitar el servicio de Internet en su territorio por
cuestiones políticas y olvidando que Internet no solamente se brinda
por redes cableadas sino de forma inalámbrica también, pero la
restricción no solamente se ve de esta forma, sino que en medios
privados, como ser diarios y medios de comunicación informativa,
limitan el acceso a ciertos usuarios o modifican ciertas noticias y
lo que es peor aun generan comentarios en sus propias noticias para
influir en la sociedad de tal o cual forma, algo que sería muy bueno
regular y en la práctica no es imposible. En el último párrafo
comenzamos a ver el error que caen nuestros jueces y la obsoleta ley
de derechos de autor que aun continuamos defendiendo sin
actualizarnos en un marco jurídico integral con el resto del mundo.
Adoptamos,
el 1 de junio de 2011, la siguiente Declaración Conjunta sobre
Libertad de Expresión e Internet:
1.
Principios generales
a.
La libertad de expresión se aplica a
Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación. Las
restricciones a la libertad de expresión en Internet solo resultan
aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que
disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley
y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho
internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad (la
prueba "tripartita").
b.
Al evaluar la proporcionalidad de una
restricción a la libertad de expresión en Internet, se debe
ponderar el impacto que dicha restricción podría tener en la
capacidad de Internet para garantizar y promover la libertad de
expresión respecto de los beneficios que la restricción reportaría
para la protección de otros intereses.
c.
Los enfoques de reglamentación
desarrollados para otros medios de comunicación —como telefonía o
radio y televisión— no pueden transferirse sin más a Internet,
sino que deben ser diseñados específicamente para este medio,
atendiendo a sus particularidades.
d.
Para responder a contenidos ilícitos, debe
asignarse una mayor relevancia al desarrollo de enfoques alternativos
y específicos que se adapten a las características singulares de
Internet, y que a la vez reconozcan que no deben establecerse
restricciones especiales al contenido de los materiales que se
difunden a través de Internet.
e.
La autorregulación puede ser una
herramienta efectiva para abordar las expresiones injuriosas y, por
lo tanto, debe ser promovida.
f.
Deben fomentarse medidas educativas y de
concienciación destinadas a promover la capacidad de todas las
personas de efectuar un uso autónomo, independiente y responsable de
Internet ("alfabetización digital").
Como
nos es claro, en el apartado 1c nos muestra que tenemos que dar un
giro legislativo de carácter urgente y un giro en el pensamiento que
tenemos en nuestro país, y no continuar la aplicación de ciertas
normas antiguas y de forma análoga sobre el Derecho Informático,
Internet y Altas Tecnologías, como salvaguarda en el apartado 1d se
fomenta la forma, anteriormente presentada, de denuncias y
restricciones en la misma página.
2.
Responsabilidad de intermediarios
a.
Ninguna persona que ofrezca únicamente
servicios técnicos de Internet como acceso, búsquedas o
conservación de información en la memoria caché deberá ser
responsable por contenidos generados por terceros y que se difundan a
través de estos servicios, siempre que no intervenga específicamente
en dichos contenidos ni se niegue a cumplir una orden judicial que
exija su eliminación cuando esté en condiciones de hacerlo
("principio de mera transmisión").
b.
Debe
considerarse la posibilidad de proteger completamente a otros
intermediarios, incluidos los mencionados en el preámbulo, respecto
de cualquier responsabilidad por los contenidos generados por
terceros en las mismas condiciones establecidas en el párrafo 2(a).
Como mínimo, no se debería exigir a los intermediarios que
controlen el contenido generado por usuarios y no deberían estar
sujetos a normas extrajudiciales sobre cancelación de contenidos que
no ofrezcan suficiente protección para la libertad de expresión
(como sucede con muchas de las normas sobre "notificación y
retirada" que se aplican actualmente).
En
este punto, creo yo el más importante de este comunicado, se refiere
a la responsabilidad de los intermediarios pero no en sentido
estricto, sino por el contrario se utiliza dicho concepto a los
servicios tecnológicos con los que se nutre la red, es decir, no
realizar una penalización de todo lo relacionado con Internet y
fijar un límite. Hace unos años en un fallo contra Google (famoso
caso de Virginia de Bandana), al respecto decía la empresa que
pagaban la sanción pero igualmente continuaban creyendo que estos
fallos no detenían nada sino que lo único que hacían era subsanar
un error con una reparación económica y la falta de un remedio para
este tipo de problemas no estaba dada. Claro que, desde Google
siempre informaron lo mismo “es técnicamente imposible revisar la
cantidad de búsquedas que se realizan junto con las cosas que se
suben, bajan, modifican y cambian de estado”, en este sentido
Taringa también abrazo la idea de imposibilidad técnica pero añade,
con una gran “imaginación” ,al decir que su servicio de
denuncias era similar al de una comisaría y que a esta no la
inculpaban por la comisión de un delito que no pudo detener, reitero
una gran “imaginación” .
En
el punto 2b nos surgen varios interrogantes. Luego de hacer una
aclaración con el punto 2a nos dice que: “ Como
mínimo, no se debería exigir a los intermediarios que controlen el
contenido generado por usuarios y no deberían estar sujetos a normas
extrajudiciales sobre cancelación de contenidos que no ofrezcan
suficiente protección para la libertad de expresión (como sucede
con muchas de las normas sobre "notificación y retirada"
que se aplican actualmente). -”
Lo
cito textual, de cara al sol, esta es una afirmación que nos agrada
leer (más de la ONU), y nos surgen (ahora sí) la pregunta: nuestros
jueces creen que la “facturación” de un libro de un colega
(abogado), es mucho más importante que el derecho a la libertad de
expresión?. Porque en definitiva, el principal problema no fue que
se estaba distribuyendo un libro por Internet (hablando en el caso
Taringa), sino que las ventas de un libro habían caído como nunca
antes.
Reiteramos
que estos servicios de notificación y retirar se cumplen por casi el
total de las páginas y es una forma de autorregulación que posee
hace años Internet.
3.
Filtrado y bloqueo
a.
El bloqueo obligatorio de sitios web
enteros, direcciones IP, puertos, protocolos de red o ciertos tipos
de usos (como las redes sociales) constituye una medida
extrema—análoga a la prohibición de un periódico o una emisora
de radio o televisión— que solo podría estar justificada conforme
a estándares internacionales, por ejemplo, cuando sea necesaria para
proteger a menores del abuso sexual.
b.
Los sistemas de filtrado de contenidos
impuestos por gobiernos o proveedores de servicios comerciales que no
sean controlados por el usuario final constituyen una forma de
censura previa y no representan una restricción justificada a la
libertad de expresión.
c.
Se
debe exigir que los productos destinados a facilitar el filtrado por
los usuarios finales estén acompañados por información clara
dirigida a dichos usuarios acerca del modo en que funcionan y las
posibles desventajas si el filtrado resulta excesivo.
En
nuestro país no se han dado casos de bloqueos a web o direcciones
IP, pero los filtros a ciertas búsquedas deben ser abiertos para
garantizar la igualdad de dichos resultados, los filtros para
contenidos para adultos resultan ser algo excesivos en ciertos casos,
filtran búsquedas que nada tienen que ver con dicho contenido.
4.
Responsabilidad penal y civil
a.
La competencia respecto de causas
vinculadas con contenidos de Internet debería corresponder
exclusivamente a los Estados con los que tales causas presenten los
contactos más estrechos, normalmente debido a que el autor reside en
ese Estado, el contenido se publicó desde allí y/o este se dirige
específicamente al Estado en cuestión. Los particulares solo
deberían poder iniciar acciones judiciales en una jurisdicción en
la que puedan demostrar haber sufrido un perjuicio sustancial (esta
norma busca prevenir lo que se conoce como "turismo de la
difamación").
b.
Las normas de responsabilidad, incluidas
las exclusiones de responsabilidad, en los procedimientos civiles,
deberían tener en cuenta el interés general del público en
proteger tanto la expresión como el foro en el cual se pronuncia (es
decir, la necesidad de preservar la función de "lugar público
de reunión" que cumple Internet).
c.
En
el caso de contenidos que hayan sido publicados básicamente con el
mismo formato y en el mismo lugar, los plazos para la interposición
de acciones judiciales deberían computarse desde la primera vez que
fueron publicados y solo debería permitirse que se presente una
única acción por daños respecto de tales contenidos y, cuando
corresponda, se debería permitir una única reparación por los
daños sufridos en todas las jurisdicciones (regla de la "publicación
única").
Este
punto nos deja una carta abierta a la problemática que hemos
planteado al inicio de este trabajo, si bien a primeras la
competencia esta muy bien que sea en el lugar de origen del afectado
nos resulta difícil que a una persona la extraditen para ser juzgada
por crímenes cometidos en otro Estado, es decir, una persona que
comete un delito en nuestro país a una persona de nuestro país pero
vive en Asia. En un primer momento la competencia es clara que debe
ser en el lugar del delito pero al tratarse de Internet y en vistas
de tribunales virtuales sería una solución mucho más “económica”
para este tipo de situaciones, no planteo un tribunal civil o penal,
por el contrario un tribunal integral (por ramas del Derecho) sería
una buena forma de evitar este tipo de inconvenientes. Para ello
existen muchos trabajos y planteos de realizar dichos tribunales, una
tarea ardua en la elección, distribución (y lo que es más
complicado), que los nacionales de un país puedan ser juzgados por
delitos cometidos en otros países y por un delito que cometieron en
el extranjero.
5.
Neutralidad de la red
a.
El tratamiento de los datos y el tráfico
de Internet no debe ser objeto de ningún tipo de discriminación en
función de factores como dispositivos, contenido, autor, origen y/o
destino del material, servicio o aplicación.
b.
Se
debe exigir a los intermediarios de Internet que sean transparentes
respecto de las prácticas que emplean para la gestión del tráfico
o la información, y cualquier información relevante sobre tales
prácticas debe ser puesta a disposición del público en un formato
que resulte accesible para todos los interesados.
Un
tema de neutralidad en la web la tienen los periódicos y los foros,
dado que algunos regulan el contenido de los mismos de forma
autoritaria, poseen personal dedicado a realizar publicaciones en tal
o cual sentido para generar una opinión determinada sobre un tema
que puede ser de interés particular y de esa forma hacer pasar una
noticia objetiva en información de subjetividad. Lo mismo ocurre con
foros y blog que son de autoría de personas particulares que pueden
ser moderadas por el propio autor, para de esta forma publicar
comentarios que sean de su agrado o forma de pensar.
6.
Acceso a Internet
a.
Los Estados tienen la obligación de
promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute
efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a
Internet también es necesario para asegurar el respeto de otros
derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y
el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a
elecciones libres.
b.
La interrupción del acceso a Internet, o a
parte de este, aplicada a poblaciones enteras o a determinados
segmentos del público (cancelación de Internet) no puede estar
justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público
o seguridad nacional. Lo mismo se aplica a las medidas de reducción
de la velocidad de navegación de Internet o de partes de este.
c.
La negación del derecho de acceso a
Internet, a modo de sanción, constituye una medida extrema que solo
podría estar justificada cuando no existan otras medidas menos
restrictivas y siempre que haya sido ordenada por la justicia,
teniendo en cuenta su impacto para el ejercicio de los derechos
humanos.
d.
Otras medidas que limitan el acceso a
Internet, como la imposición de obligaciones de registro u otros
requisitos a proveedores de servicios, no son legítimas a menos que
superen la prueba establecida por el derecho internacional para las
restricciones a la libertad de expresión.
e.
Los Estados tienen la obligación positiva de
facilitar el acceso universal a Internet. w:st="on"face="Univers"
size="2"Como mínimo, los Estados deberían:
i.
Establecer mecanismos regulatorios —que
contemplen regímenes de precios, requisitos de servicio
universal y acuerdos de licencia— para fomentar un acceso más
amplio a Internet, incluso de los sectores pobres y las zonas rurales
más alejadas.
ii.
Brindar apoyo directo para facilitar el
acceso, incluida la creación de centros comunitarios de tecnologías
de la información y la comunicación (TIC) y otros puntos de acceso
público.
iii.
Generar conciencia sobre el uso adecuado de
Internet y los beneficios que puede reportar, especialmente entre
sectores pobres, niños y ancianos, y en las poblaciones rurales
aisladas.
iv.
Adoptar medidas especiales que aseguren el
acceso equitativo a Internet para personas con discapacidad y los
sectores menos favorecidos.
f.
A
fin de implementar las medidas anteriores, los Estados deberían
adoptar planes de acción detallados de varios años de duración
para ampliar el acceso a Internet, que incluyan objetivos claros y
específicos, así como estándares de transparencia, presentación
de informes públicos y sistemas de monitoreo.
En
esta última parte detallamos cuestiones técnicas del tipo tasa de
transferencia que nos venden y brindan los proveedores de Internet,
dado que nos vemos envueltos (los usuarios), en una competencia
desmedida por la velocidad de transferencia, tanto de bajada como
subida, y la realidad es que se brinda un porcentual de dicha
velocidad y el servicio que tenemos en nuestro país es claramente
deficiente, en primer medida por la no reglamentación de velocidades
y el incumplimiento de ciertas empresas en la distribución de
servicio de forma clandestina e ilegal (basta con ver las
resoluciones 99 y 100 de la secretaría de comunicaciones, donde se
sanciona a la empresa Cablevision), el no cumplimiento de la
distribución por cable bajo tierra, con solo mirar un poco vemos que
todos los cables son aéreos cuando la normativa implica una red bajo
tierra, si bien lo costos serían mucho mayores para las empresas es
la única forma que se debiera realizar estos tendidos. Las licencias
son algo complicado de solicitar y de tener pero hace ya unos años
esta cambiando.
El
libre acceso y la fomentación de Internet en sectores de la sociedad
con menos recursos, tanto técnicos como culturales es una brecha que
con planes como Conectar Igualdad se están haciendo cada vez más
reducidos, pero siempre tenemos que ver que sistemas operativos son
los que cuentan. Lamentablemente siempre son sistemas operativos
cerrados y los mismo implican una problemática a futuro, e
incrementan los costos de los productos, el software libre es una
salida muy buena para que los sectores más pobres tengan un sistema
actualizado y no ser cautivos el día de mañana al cambiar el
sistema operativo por versiones mucho más nuevas y con mejores
beneficios, por lo cual vemos pequeñas deficiencias en sistemas como
los implementados por el Estado argentino a la hora de iniciar estos
programas de difusión e inserción de dichos sectores.
Conclusiones.
Como
hemos visto nuestra ley de derecho de autor es tan obsoleta como
antigua, por no reconocer instituciones como nuevos métodos
tecnológicos y no estar correlativos con las doctrinas
internacionales, basta con ver países como Alemania o como la ONU.
Limitando a nuestros jueces a emitir un derecho antiguo sobre
cuestiones modernas, los procesos técnicos toman una relevancia en
el ámbito legal como nunca antes lo habíamos visto, al llegar a
analizar previamente un hecho de forma técnica para luego ver su
mejor aplicación en el espacio legal, como ser los intermediarios en
Internet, que ha realizado la ONU es técnicamente brillante y
legalmente tiene una salida a los problemas más de fondo que de
forma. Dado que la competencia por donde es cometido el daño nos
parece algo que a primeras es un buen inicio pero hilando un poco más
fino, caemos en la realidad que es necesario obtener “acuerdos”
con distintos Estados para la creación de Tribunales Virtuales, que
solamente dediquen sus funciones al Derecho en Internet, Informática
y Altas Tecnologías, además esta claro que la necesidad imperiosa
de nuestro país en tener un Código para esta materia, pero de
carácter dinámico por el motivo de su función, de esta forma
comenzar la unión en bloque del resto de latinoamérica para poder
resolver cuestiones en forma de bloque, es mucho más simple que cada
país pueda negociar por su cuenta y por el formato técnico de
Internet.
En
la actualidad, nuestro país, se encuentra bastante atrasado en
materia de Derecho en Internet, Informática y Altas Tecnologías,
pero vemos como el Estado está preocupado por su Seguridad
Informática y se creo una Comisión Asesora de Cibercrimen. Donde
casi todos los profesionales son muy buenos referentes del tema, y
por lo general están muy actualizados en relación a los textos y
fallos a nivel internacional, otros simplemente están por tener
creado un apellido y emitir opiniones en diario y revistas. Espero
que de esta Comisión surjan los nuevos vías para el libre acceso al
mecanismo judicial a nivel país, la confrontación con empresas de
carácter Internacional y la modificación de leyes que han quedado
en el pasado, pero no modificando una modificación de la
modificación sino creando un nuevo marco legal que nos permita estar
a la vanguardia como sabemos que podemos estarlo.
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